16 nov. 2010
El Ministerio Público cita a 80 médicos y asistentes por casos investigados. Hay pruebas para formalizar denuncia, pero procuradora advierte trabas.
Ha pasado poco más de un año desde aquel domingo 1 de noviembre del 2009, Día de Todos los Santos: la fecha elegida para que un grupo de médicos de ética cuestionable decidiera extraerle un riñón a un humilde panadero. El negocio era redondo: le pagaron US$10 mil al joven y le cobraron US$150 mil al ciudadano mexicano Óscar Soberón que necesitaba el órgano para sobrevivir.
A raíz de este caso y de denuncias que hicieran medios de comunicación como El Comercio sobre otros trasplantes ilegales, el Ministerio Público abrió investigaciones que en el primer trimestre del 2010 pasaron a manos de la Fiscalía Provincial Penal 4, a cargo de Luz Tecco. Lo que ha ocurrido desde entonces es el develamiento de una red que actuaba impunemente y que creía que, con la excusa de salvar vidas, engañaba a unos y lucraba con otros.
Según documentos que pudo revisar este Diario, el caso del mexicano solo es uno de los casi veinte trasplantes confirmados, que se han realizado de modo clandestino en clínicas de prestigio. La red de sospechosos se ha duplicado y a la fecha hay 80 médicos, asistentes y enfermeras en la lista de citados, por lo que se ha tenido que pedir apoyo a la División contra la Trata de Personas de la PNP y a otro despacho fiscal para acelerar las diligencias. Por salvaguardar la investigación, no se ha revelado el nombre de las clínicas involucradas.